Alcalde poblano pide a ciudadanos matar a ladrones

Esta semana me encontré con una nota que da risa y a la vez preocupa. Se trata del alcalde priista del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde habitan aproximadamente 20 mil habitantes, el edil encontró una rápida solución para combatir a la delincuencia en ese lugar: tomar la justicia por mano propia y matar a los delincuentes. Cuando vecinos le reclamaron el pasado jueves 10 que atendiera una serie de atracos en la carretera México-Puebla, Andrés Cadena Zamora les recomendó matar a los ladrones que entren a sus casas ya que él no tiene la capacidad para atacar el problema.

Esto no es para sorprenderse sino para documentar nuestro optimismo, como diría Monsiváis, de acuerdo con  la Conferencia Nacional de Municipios de México (CNMM) 40% de los 2 mil 457 alcaldes del país se encuentra amenazado por la delincuencia organizada. La inseguridad es tal que algunos alcaldes ni siquiera viven en sus municipios. En las localidades fronterizas del norte es común que el presidente municipal duerma en Estados Unidos y de día despachan desde sus alcaldías. Asimismo de 2007 a 2013 la CNMM ha contabilizado la muerte de 45 alcaldes en todo el país; ninguna de estas muertes ha sido esclarecida en su totalidad.

Las mafias presionan a los gobiernos locales para que les den dinero de las ya de por sí saqueadas arcas municipales. La amenaza hacia ellos es simplemente que (la delincuencia) revisa cuál es el presupuesto que tienen (los alcaldes) y les piden de ahí cierto porcentaje de las obras. El 70% de los municipios mexicanos están en la bancarrota. En este contexto, Ignacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya (Michoacán) mantiene una huelga de hambre frente al Senado mexicano desde el pasado viernes 4 de octubre para exigir más recursos para los municipios.

Uno de los problemas que se han detectado, es que México tiene más de mil 600 cuerpos policiales independientes lo cual genera un desorden y disparidad en los métodos y técnicas que emplea cada corporación. Además un policía municipal en México gana unos $378 dólares, 10 veces menos que un agente federal. Ser policía en este país suele ser una última opción que se toma por necesidad y no por vocación. Para reivindicar la función policial, así como al magisterio, urge dignificar y restablecer el prestigio social de dichas profesiones.

Saber de un alcalde que pide a sus gobernados matar a los delincuentes es revelador pues sólo podemos imaginar cuántos presidentes municipales piensan de la misma manera o están en la misma situación pero no lo externan. Las autoridades locales se encuentran temerosas y rebasadas por el crimen organizado y por su capacidad de fuego. Las autoridades estatales se han enfocado en proteger las capitales de los estados o algunas zonas que consideran importantes, pero han dejado en el olvido la coordinación que deben establecer con los municipios y con la federación para crear mecanismos regionales que pongan atención en las particularidades de cada una de ellas.

Ante la ola de crímenes que azotan al país, la cual nuestras autoridades se niegan a reconocer, cobra vigencia para la sociedad el debate sobre la necesidad y la posibilidad de armarnos. Creo que todos los mexicanos deberíamos defender nuestro derecho a la legal tenencia y portación de armas de fuego, en ese sentido la organización  ADA10 (Asociación por la Defensa del Artículo 10 Constitucional A.C.), cree que el fomento de una cultura responsable de las armas de fuego para cualquier actividad lícita, es parte esencial de un Estado democrático y liberal, donde la correcta aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos son parte fundamental. Es a partir de una sólida participación de la sociedad civil que lograremos tener injerencia y  progresar en la defensa de nuestro derecho a poseer y portar armas de fuego.

Debido a la corrupción y complicidad del estado en su conjunto con la delincuencia --de todos los tipos--, es legítimo para el pueblo tomar las armas para defenderse no sólo de la delincuencia, sino también del propio estado que es el principal generador de violencia y el principal administrador de impunidad. Los grupos armados de autodefensa son anteriores a la conformación del estado y deben ser reconocidos y respetados como fuente de soberanía popular. Sólo se entiende el rechazo a estos fenómenos de autodefensas desde una visión centralista que niega los más elementales principios del federalismo, no un federalismo clásico, sino un federalismo de nuevo alcance, fuera de la verticalidad del derecho y dentro de la disciplina de la administración pública.

Debemos entender a la subsidiariedad como un principio de  ética social referente a establecer un equilibrio en la intervención complementaria y auxiliar de las formaciones sociales mayores a favor de los  individuos y de las pequeñas comunidades. Podemos apreciar claramente como este concepto no sólo no se aplica sino que es violentado por la federación, dejando a las comunidades a su suerte, con policías infiltradas e ineficaces y con alcaldes como el de Juan C. Bonilla, Puebla, que dicen disparates sin medir los posibles efectos de sus declaraciones. El pueblo puede y debe estar armado pero organizada y responsablemente, de lo contrario se replicará y perpetuará la cultura de la antijuridicidad y sus indeseables consecuencias sociales.

Twitter del autor: @danielxicori

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