Los
fenómenos meteorológicos de las últimas semanas han puesto al descubierto la
falta de previsión del Estado mexicano en su conjunto. La Federación, los
estados y los municipios están rebasados por la emergencia nacional. Existen
responsables con nombre y apellido detrás de cada desgracia. Los gobernantes no
pueden excusarse en supuestas “lluvias atípicas” y en la
imposibilidad de contener las manifestaciones de la naturaleza; recordemos que
este pretexto fue utilizado también tras el paso del huracán Paulina que
dejó graves afectaciones en Guerreo y Oaxaca, hace dieciséis años.
La
noticia que reseño en esta ocasión, nos informa que especialistas del Instituto
de Geografía de la UNAM han apuntado que el país sigue sin tener una política
de prevención, por lo que las autoridades se limitan a reaccionar tarde y mal,
además de haber dejado prácticamente en el abandono a la instancia oficial
dedicada a prevenir desastres, el CENAPRED, cuyo presupuesto --menor que el de
la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación—se destina
en un 30% al pago de su nómina.
La
nota permite ver cómo nos encontramos insertos en la gestión de
emergencias pero no en la gestión integral de riesgos de desastres. Este es
un problema muy complejo porque hay intereses políticos, económicos y de otros
tipos que son causas de desastres a futuro. Es absurdo que el Estado gaste
tanto atendiendo las consecuencias de los desastres y tan poco en políticas de
prevención, obras e infraestructura que podrían disminuir costos económicos,
pero sobre todo costos humanos.
En
nuestro país la OCDE --entre otros— conduce a las elites y a sus
operadores políticos a imponer las prioridades de la agenda nacional,
obedeciendo lealmente, en temas como la educación o el comercio. Sin embargo no
se tomaron en cuenta las advertencias de esta organización sobre la prevención
de riesgos de desastres. El estudio sobre el sistema nacional de protección
civil en México de la OCDE (http://www.cires.org.mx/docs_info/CIRES_031.pdf)
concluye que “el territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y gran
variedad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana”.
Aún así y pese a las advertencias de esta organización, en el sentido de que entre más se
demore una zona en recuperarse del desastre, menores serán las posibilidades de
que la economía local se recupere, hubo una omisión por parte del gobierno y el
poder legislativo hacia la protección civil. Esto más la cuota de corrupción
que le acompaña, han pasado la factura a la nación durante la presente
emergencia nacional.
Los
gobiernos municipales son responsables en gran medida de la tragedia.
Fundamento parte de mi crítica en el artículo 115 de nuestra
Constitución, el cual en su fracción V, en diversos incisos, faculta a los
Municipios, entre otras cosas, para:
a)
Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
c)
Participar en la
formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los municipios;
d)
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana;
f)
Otorgar licencias y
permisos para construcciones;
g)
Participar en la creación
y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
i)
Celebrar convenios
para la administración y custodia de las zonas federales.
Si
los municipios ejercieran estas facultades constitucionales, las emergencias no
serían tan comunes ni devastarían comunidades enteras año con año y sexenio
tras sexenio. Se pone de manifiesto la incapacidad de los gobiernos locales de
instrumentar políticas públicas, coordinadas con otros municipios y estados para
diseñar y tomar en cuenta mapas de riesgo. Tampoco existe un sistema adecuado
para advertir a la población sobre el peligro de las manifestaciones de la
naturaleza. En esta parte, quisiera destacar la corrupción que impera en el manejo
y la vigilancia del uso de suelo por parte de las autoridades municipales. Como
lo señala el inciso d) del artículo 115 Constitucional, son estas autoridades
las encargadas de esta tarea. No obstante se otorgan de manera arbitraria
permisos de construcción, cambios de uso de suelo y autorizaciones a empresas,
entre tantos otros actos de gobierno que ocasionan la invasión de zonas
naturales no aptas para el establecimiento de asentamientos humanos; materia de
la cual también deben encargarse los municipios. La suma de la corrupción de
autoridades de todos los niveles de gobierno del Estado mexicano, dan como
resultado tragedias periódicas y recurrentes que exhiben la condición de
nuestra frágil democracia retórica. Estás tragedias se pueden evitar si
se cuenta con una política de prevención de desastres que se instrumente
de manera adecuada y por tanto coordinada entre todos los agentes de gobierno
en conjunto con los sociales.
Mención
aparte merece la actuación oportunista y manipuladora de los gobiernos federal
y del Estado de México, quienes lucran con la tragedia para promover su imagen.
El primero enviando a la mal llamada “primera dama” a filmar spots
donde, junto con militares, reparte despensas a los damnificados de Guerrero,
estos cortos parecen de Televisa, grabados en calidad HD y con tomas que
requieren de un gran equipo de producción. El segundo prestando uniformes y
hasta un helicóptero de rescatistas del Estado de México para la escenificación
de un programa donde la conductora estelar de Televisa Laura Bozzo desciende de
la aeronave para ayudar a los habitantes del municipio guerrerense de Coyuca de
Benítez. En una actitud indolente, el gobernador Eruviel Ávila, uno de los
consentidos de dicha empresa, utiliza y desvía recursos del Estado para un
montaje televisivo protagonizado por un personaje con una pésima reputación.
Peor aún, es que días después del escándalo que este tema generó en las redes
sociales, el gobierno estatal fijó su posición en un escueto comunicado oficial
que argumenta que ese apoyo “en ningún momento, ha distraído la labor principal
de los (helicópteros) Relámpagos: apoyar a las comunidades afectadas”,
el documento no hace mención a la polémica en torno a la conductora, pese a que
este tema opaco el segundo informe del gobierno estatal.
Tales
situaciones nos muestran la irresponsabilidad en que incurren ambos gobiernos
con tal de manipular a la sociedad a través de los medios masivos de
comunicación y hasta donde están dispuestos a llegar para ganarse los favores
de las televisoras que se traducen en espacio en sus pantallas. Para comprobar
lo anterior basta con ver la gran cantidad de espacio publicitario que contrató
el gobierno del estado de México para difundir cápsulas del segundo informe de
gobierno, las cuales resultan ofensivas para cualquier persona un poco
informada sobre la realidad que vive esta entidad federativa y sus municipios.
@danielxicori
Link
de noticia:
http://www.proceso.com.mx/?p=353433
