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Preocupante situación de migrantes en municipios del Estado México y delegaciones del Distrito federal.
Septiembre 2013
En
esta ocasión las notas periodísticas nos dan cuenta de que en el Estado de
México aún no se inicia la construcción de la casa del migrante San Juan Diego
en el Municipio de Huehuetoca. Esto a pesar de que el cabildo ya autorizó la
donación del predio correspondiente a la Diócesis de Cuautitlán, que es la que
estará a cargo del albergue. Se reporta también que en entrevista, el
subsecretario de gobierno del Estado, Marcos Márquez, informó que el proyecto
de esta casa del migrante tendrá capacidad para atender a 600 personas y
sustituirá la que fue cerrada en julio de 2012 en Tultitlán, dijo que el
proceso ha sido lento y no tiene fecha de inicio de construcción, aunque tras
la autorización de la donación por parte del cabildo, los documentos ya se
enviaron al Congreso local para su seguimiento y autorización". Por
último, indicó que a pesar de este retraso, los gobiernos federal, estatal y
municipal, tienen una partida comprometida y etiquetada de 15 millones de
pesos, para realizar este proyecto.
En
México, la migración se encuentra regulada en dos órdenes jurídicos: el
internacional y el nacional. El primero de ellos se basa en la firma y
ratificación de diversos tratados y convenciones, mientras que el segundo
comprende la legislación migratoria nacional. Ambos tienen influencia y
competencia tanto sobre los nacionales como sobre los extranjeros que residen o
cruzan por el territorio.
La
norma migratoria en México es de carácter federal y su contenido regula las
actividades de la autoridad migratoria, la entrada, salida y estancia de
los nacionales y los extranjeros. Sus fundamentos se encuentran
contenidos en la constitución, en leyes ordinarias, reglamentarias e
individuales. Como se puede ver, no hay responsabilidad legal específica de los
municipios para intervenir en materia migratoria, sin embargo, conviene apuntar
que el artículo 115 de nuestra Constitución, en su inciso h) dice que es
función de los municipios encargarse de la seguridad pública, digo esto por la
violencia que lamentablemente acompaña todo el fenómeno de la migración en el
mundo y en América Latina. Los municipios no han brindado seguridad ni a los
habitantes, ni a los migrantes, ni a quienes los defienden o atienden.
Es
también el artículo 115 en su inciso i), el que nos habla de que: “sin
perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo
dispuesto por las leyes federales y estatales”. Por lo tanto en una
interpretación amplia y “propersonam” del
recientemente reformado artículo 1 constitucional, podemos ver que este motiva
el deber de los jueces en particular y de los servidores públicos en general de
ajustarse a lo contenido en los tratados internacionales suscritos por México.
El párrafo tercero del artículo 1° incorpora a la Constitución los principios
de los derechos humanos que han sido reconocidos en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; éstos son obligatorios para los
servidores públicos en el país, de manera que para hacerlos efectivos es
necesaria la colaboración de todo el aparato de gobierno.
Paralelamente
a nuestra legislación, los tratados internacionales que hemos firmado y
ratificado implican que el estado mexicano tiene el deber de promover y
proteger todos los derechos humanos, lo que significa que todos los servidores
públicos de cualquiera de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
en los tres ámbitos de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) están obligados
a realizar las acciones de autoridad y gobierno atendiendo al respeto que deben
a cualquier individuo.
Para
algunos defensores de derechos humanos como el admirable padre Alejandro
Solalinde, lo que viven los migrante sudamericanos en su paso por nuestro
territorio nacional es una verdadera crisis humanitaria. En ese sentido, la
respuesta de nuestras autoridades ha sido limitada e insuficiente. Más allá de
su responsabilidad material los municipios pueden y deben involucrarse en la
atención de los problemas que se presenten en sus demarcaciones y que
constituyan evidentes violaciones a los derechos humanos. Contrario a esto, las
autoridades municipales han sido omisas en atender los problemas de inseguridad
y de conflictos sociales que genera la migración en la zona de Lechería, pero que
ya se han extendido a las inmediaciones de Huehuetoca y Tultitlán e incluso a otras
regiones como Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, donde ha
aumentado la presencia de migrantes en calles, pidiendo comida o dinero, motivo
por el cual y ante la inconformidad de los vecinos, el año pasado fue cerrado
el albergue de Tultitlán, con esta acción se dejó en el abandono y en la calle
a miles y miles de migrantes en su paso temporal por estos municipios donde lo
que buscan en realidad es abordar el tren tristemente conocido como la bestia.
Es
preocupante e indignante que no haya ni siquiera una fecha de inicio para la
construcción del albergue (tampoco sabemos ¿porqué será sólo uno?), más aún
considerando que ya existe una partida presupuestal, una aprobación por parte
del cabildo municipal para la donación del terreno y una grave urgencia de
atender a los migrantes. Me parece muy irresponsable por parte del gobierno
federal, del estatal, de las delegaciones del distrito federal, así como de los
municipios, no integrar, a través de convenios de colaboración, una estrategia
regional conjunta que alivie la tensión que genera el paso de estos frágiles,
incontenibles e incomprendidos flujos humanos con los habitantes de las zonas
donde estos deben permanecer por algunos días u horas en su difícil y
accidentada marcha por alcanzar el ya decadente y desmitificado sueño
americano.
Daniel X.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/25/95835665-sin-fecha-de-construccion-casa-del-migrante-en-edomex
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